La propuesta de párking subterráneo en el puerto de Eivissa genera profundas incertidumbres a la APB
Palma de Mallorca
03/12/2014
La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) considera que la propuesta de construcción de un aparcamiento subterráneo en la zona sur del puerto de Eivissa presentada por parte de la empresa Urbex genera profundas incertidumbres, tanto a la idoneidad técnica como a su viabilidad económica. Asimismo, el presidente de la APB, Alberto Pons, ha informado esta mañana al Consell y al Ayuntamiento de que se trata de un proyecto complicado de sostener. “Entiendo que el proyecto es ambicioso y bueno para la ciudad -ha añadido Pons-, pero ya lo estudiamos en su día y, lamentablemente, lo tuvimos que descartar”. Consideraciones técnicas La APB, a través de un escrito firmado por su presidente y dirigido al representante de Urbex, considera que realizar un aparcamiento por debajo del nivel freático en el Muelle Interior del puerto de Eivissa tiene un alto riesgo de afección a las estructuras de las edificaciones de la zona, por cuanto se puede perjudicar a sus cimentaciones, ya sea por las vibraciones del terreno como por la disminución de las tensiones efectivas del mismo. El planteamiento de aparcamiento presentado a instancia del Colegio de Arquitectos de Eivissa y Formentera no contempla el paso subterráneo de alcantarillado ni la instalación eléctrica que circulan por la zona cercana al cantil del Muelle Interior, lo que implicaría tener que enterrar aún más el aparcamiento de lo inicialmente propuesto y el consecuente incremento del coste de la obra. La propuesta presentada plantea elevar la superficie cercana al mar en cincuenta centímetros respecto al paseo, lo que supone un corte en su circulación transversal. A juicio de la APB, esto implica romper con una de las premisas del proyecto, que es evitar que entre el cantil del muelle y el pavimento adyacente a las fachadas exista cambios de nivel. Para evitar el desnivel se debería proceder a enterrar aún más el aparcamiento. Por otra parte, la propuesta de aparcamiento subterráneo propone ubicar vehículos bajo el pavimento de piedra natural del cantil del muelle. Esto obligaría a enterrar el aparcamiento en unos ochenta centímetros, que es el grosor del canto de las piedras existentes. Un aspecto que no ha sido tenido en cuenta tampoco en la propuesta. También existen dudas por parte de la APB en cuanto al criterio elegido para el cálculo de número de plazas de aparcamiento, puesto que no parece que se hayan tenido en cuenta las que se han de reservar por normativa a personas con movilidad reducida (una de cada 33) ni el diez por ciento que debe destinarse a plazas de aparcamiento de gran tamaño. Inviabilidad económica El coste de realizar un aparcamiento tal y como plantea Urbex -que implica demoler y reconstruir la estructura actual de los muelles para situarse bajo el nivel freático- es muy elevado y esto resulta perjudicial para la rentabilidad de la concesión. La APB ha podido estimar que este proyecto tendría una repercusión en el coste de construcción total de cada una de las plazas de 41.000 euros cada una. A juicio de la APB, y teniendo en cuenta el tipo de concesión que se podría otorgar en el párking, no se considera viable superar los 30.000 euros de coste por plaza. En la actualidad, la APB ha comenzado las obras de mejora de los muelles Sur del puerto de Eivissa. Dichas obras han sido tramitadas de manera reglamentaria y existe un contrato con la empresa Corsán-Corviam para la realización de las mismas. La ejecución ahora de un aparcamiento subterráneo implicaría la suspensión de una parte muy importante de las obras, con el agravio económico y social que supondría para la APB y los usuarios del puerto de Eivissa. Finalmente, la propuesta de cronograma y gestión administrativa que presenta la empresa avalada por el Colegio de Arquitectos de Ibiza y Formentera es irrealista, sobre todo en cuanto a tiempos de tramitación. Como ejemplo, se plantea la tramitación del Plan Especial y del concurso público de adjudicación de las obras en dos meses, cuando los plazos de estas tramitaciones se acercan a los tres años en total.
